La UIA pule un fuerte reclamo ante el desplante del Gobierno y un tendal de empresas en mora

La Unión Industrial Argentina (UIA) ultima los detalles de un documento crítico para conmemorar el Día de la Industria, en medio de una profunda preocupación por el rumbo económico y un marcado desplante del Gobierno nacional, cuyos máximos referentes ya anunciaron que no asistirán a la celebración. El discurso del titular de la entidad Martín Rappallini buscará plasmar el desencanto del sector privado frente a un modelo que mantiene al 40% de la capacidad instalada ociosa y que disparó la morosidad bancaria de las empresas al 3,8%. Pese a la gravedad de los indicadores de actividad —que acumulan una contracción del 2% en lo que va del año—, el oficialismo nacional decidió ausentarse del acto central, enviando únicamente al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la instrucción explícita de defender a rajatabla el esquema libertario.

El tono del mensaje que se leerá el próximo 2 de septiembre en la planta de la farmacéutica Elea se definió el pasado martes, durante una caldeada reunión de Junta Directiva que congregó a unos 50 líderes fabriles de toda la Argentina. Aunque la mayoría de los asistentes reconoció el ordenamiento macroeconómico de la gestión actual, manifestaron de manera unánime su desencanto con las consecuencias prácticas de la política económica en el sector productivo. Ante el malhumor imperante, Rappallini intervino para calmar los ánimos y asumió un compromiso directo: “Vamos a tener que decir lo que está pasando en la industria”.

La redacción final del discurso está siendo pulida por el dirigente junto a un equipo de asesores, con la compleja premisa de canalizar la bronca y los graves problemas del sector sin romper los canales institucionales con Javier Milei. Para calibrar el mensaje político, Rappallini mantendrá consultas de último momento con los principales referentes internos de la entidad, entre ellos David Uriburu (Techint), Eduardo Nogués (Ledesma), Rodrigo Pérez Graciano (Stellantis) y Elio del Re (Adimra).

El documento definitivo se estructurará bajo tres lineamientos conceptuales: respaldar el rumbo macroeconómico general, exponer de manera detallada el deterioro del entramado productivo y reclamar medidas urgentes que “equilibren la cancha” para los productores locales. El fastidio de las bases fabriles escaló tras escuchar un lapidario informe del economista Martín Rapetti (director de Equilibra), quien advirtió a la conducción de la UIA que “la situación es extremadamente compleja” y concluyó que el actual modelo económico deja fuera del circuito de rentabilidad al 60% de la economía productiva del país.

Esta postura colisionó de inmediato con la respuesta del Poder Ejecutivo. El presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo, anticiparon que no atenderán las demandas de la central fabril y declinaron participar del acto. En su lugar, el Gobierno estará representado de forma solitaria por Santilli, quien concurrirá con directivas de contragolpear los reclamos y defender la vigencia del modelo oficial.

Asfixia financiera

El malestar corporativo encuentra un sólido respaldo en las estadísticas elaboradas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). Según el informe técnico de la entidad, el endurecimiento de la política monetaria, caracterizado por una fuerte suba de tasas y de encajes bancarios, neutralizó la reactivación del crédito iniciada en 2024. El financiamiento productivo en pesos apenas avanzó un 0,2% real entre julio de 2025 y mayo de 2026, lo que representó un freno drástico frente al salto del 106% experimentado en el período previo.

Esta contracción crediticia, combinada con el aumento de los costos y la retracción del consumo, generó un agudo estrés que afectó la cadena de pagos y disparó la morosidad bancaria del sector, la cual escaló del 0,7% al 3,8% en un lapso de 18 meses. En la actualidad, cerca del 12% de las firmas manufactureras con compromisos financieros se encuentra en situación irregular, un fenómeno que afecta de forma directa a unas 4.300 empresas. El stock de deuda impaga asciende a $968.000 millones, sobre un financiamiento total corporativo de $25 billones.

El deterioro de la cobrabilidad se despliega además con una velocidad alarmante. El informe del CEU-UIA detalla que el 80% de las compañías que hoy registran mora eran deudores completamente regulares hasta 2024. La cantidad de empresas que ingresaron mensualmente al terreno de la irregularidad financiera se multiplicó por más de dos veces y media, pasando de un promedio de 174 firmas en diciembre de 2024 a 442 deudores en junio de 2026.

Este escenario provocó un "efecto contagio" en la totalidad del sector, ya que la banca privada adoptó una postura de extrema selectividad y encareció las tasas ante el deterioro de las carteras de clientes. Al respecto, la última encuesta de la UIA reveló que el 47% de las empresas industriales admitió retrasos en al menos uno de sus pagos principales, concentrándose los incumplimientos en obligaciones impositivas, deudas con proveedores de insumos y compromisos bancarios.

La parálisis financiera es el correlato directo de la caída del nivel de actividad fabril, que en el acumulado del año registra una contracción del 2% en comparación con 2025 y se ubica un 10% por debajo del bienio 2022-2023. La recesión se ensaña especialmente con la industria pesada y de bienes durables: la producción automotriz acumula un desplome del 18% en el año, la metalmecánica arrastra un retroceso del 5,5%, y los despachos de cemento para la construcción cayeron un 4,2% mensual, evidenciando su peor registro en el segmento minorista y de obras pequeñas. Asimismo, el primer semestre cerró con una contracción del 2.2% interanual, golpeada por la fuerte caída del 21,2% en bienes durables (automotores y electrodomésticos) y una merma del 14,1% en textiles, prendas de vestir y calzado, afectadas por la baja demanda y la competencia de productos importados.

Para mitigar este cuadro de ahogo financiero, la Junta Directiva de la UIA elevó una serie de propuestas de alivio fiscal ante las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El petitorio patronal exige medidas paliativas urgentes, tales como:

1. La suspensión por 180 días de los embargos y ejecuciones fiscales para el segmento de las pequeñas y medianas empresas.

2. La reducción de la tasa de financiamiento para los planes de regularización de deudas (RG 5875/2026), dado que los costos de las cuotas siguen altos a pesar del descenso inflacionario.

3. La automatización y reducción de los anticipos de Ganancias y el diferimiento por 180 días del pago del IVA para producciones de carácter estacional.

4. La postergación del pago de contribuciones patronales en economías regionales y el acortamiento de los plazos de devolución de los saldos acumulados a favor de las empresas.

Aunque las autoridades de ARCA se comprometieron a analizar la ampliación de contribuyentes aptos para compensar créditos fiscales y revisar los montos mínimos para la reducción de anticipos, aclararon que la mayor parte de las decisiones de alivio fiscal requerirá una autorización directa del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, el mismo que ya confirmó su rechazo a escuchar las demandas de la conducción industrial.